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Si del incumplimiento del contrato por parte del empresario se derivase perturbación del servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca.
En todo caso, el empresario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado (art. 77 LCE).
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